La Fiscalía ha archivado la denuncia interpuesta por la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) y WWF contra la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria por las autorizaciones de extracción de lobos que publicó en el mes de junio. Esto ha permitido que el Gobierno ya tenga previsto publicar "próximamente" nuevas órdenes que amparen la caza de estos animales.
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha explicado que los tres responsables de la Consejería denunciados por las organizaciones ecologistas, él mismo, el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, y el subdirector general de Medio Natural, Ángel Serdio, tenían "la conciencia tranquila" porque habían desarrollado "reglamentariamente" todo el procedimiento con el que trataban de amparar la caza de algunos ejemplares de lobos ante su proliferación y el aumento de ataques al ganado desde que se protegió a la especie al incluirse en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
La Justicia paralizó las órdenes de extracción de lobos que hasta el momento no ha publicado ninguna otra comunidad y actualmente están suspendidas de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sin embargo, una vez que se ha archivado la denuncia, el Gobierno ya tiene previsto firmar nuevas autorizaciones para hacer controles poblacionales en diferentes lugares "en defensa de la ganadería".
Blanco ha afirmado que es una "obligación" de su departamento velar por el control de los lobos y ha defendido que es necesario controlar a la especie para que sobreviva la especie humana, en este caso los ganaderos de Cantabria, que tanto bien hacen para la biodiversidad y son tan necesarios.
En su decreto de archivo de la denuncia, la Fiscalía rechaza la existencia de ningún delito medioambiental y de los delitos de prevaricación y de falsedad documental durante la tramitación de este proceso que alegaban las asociaciones ecologistas.
En primer lugar, la fiscal concluye que no existe ningún delito medioambiental por parte del director y subdirector del Gobierno regional en esas autorizaciones para el control de la población del lobo y que no se ha ejecutado ningún control de la especie al quedar suspendida la autorización por los tribunales.
En segundo lugar, apunta a que en dichas resoluciones autonómicas no cabe imputación penal alguna dado que el Ejecutivo ha seguido el procedimiento administrativo y se ha procedido a la suspensión cuando fue decidida por la Justicia.
Respecto al delito de prevaricación que se atribuía al consejero y al director general, la Fiscalía, a raíz de la jurisprudencia y de los expedientes analizados, ha estimado que queda acreditado que "no son arbitrarias ni injustificadas", sino que las resoluciones de control han sido tomadas en el curso de una decisión administrativa dentro de las normas establecidas.
En concreto, indica que está "muy lejos" de considerar que estas resoluciones se hayan dictado "por voluntad o capricho", rechazando el delito de prevaricación por parte de ambos altos cargos del Gobierno autonómico.
Por último, la Fiscalía rechaza la existencia de un delito de falsedad documental por parte del subdirector y el director general del Gobierno. El auto afirma que en el expediente queda constancia de la rúbrica de los documentos por firma electrónica, "siendo imposible la manipulación" de los expedientes, añadiendo que este sistema es un "plus de garantía" y una evidencia más de que "nada se ha falseado".
Tras conocer el auto, Blanco ha celebrado que demuestra que todo el procedimiento se ha hecho "conforme a la ley" y ha avanzado que solicitará de nuevo al Ministerio para la Transición Ecológica los informes preceptivos, pero no vinculantes, de cara a conocer las situaciones excepcionales que se contemplan para las nuevas órdenes de control de lobos que va a impulsar.
En este punto, el consejero ha esperado que el Ministerio "esta vez responda" y no como en las resoluciones del pasado año sobre las que no ha informado "a pesar de las reiteradas solicitudes que se le han hecho desde la Consejería".
La Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) ha lamentado la decisión de la Fiscalía y ha anunciado que recurrirá el archivo de la denuncia. Según la organización, la Consejería ha vulnerado la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, que establece la necesidad de un plan de gestión del lobo en la región y la obligatoriedad de hacerlo público y revisarlo cada seis años.
Asimismo, ASCEL ha denunciado la falta de transparencia y la falta de diálogo de la Consejería con las organizaciones ecologistas y ha recordado que el lobo es una especie protegida por la Directiva Hábitat de la UE y por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de España.
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